Mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos se dirigieron al Estado venezolano para expresar sus consideraciones sobre diversas normas vigentes o en proceso de aprobación, incluyendo entre otras la Providencia administrativa N° ONCDOFT-002-2021, la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 (SUDEBAN), Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional relativas al registro, control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG) en la República Bolivariana de Venezuela. Esta carta basa su análisis en las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la relación entre estos textos normativos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos ratificados por Venezuela el 10 de mayo de 1978 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que Venezuela se adhirió el 23 de junio de 1977.
